No es una dádiva. Son recursos asignados mediante una convocatoria pública, que los beneficiarios ganaron después de competir con cientos de propuestas de todo el país — y aun así, meses después de la resolución que los declaró ganadores, siguen esperando el pago. Por eso, varios artistas y gestores culturales están recurriendo a una herramienta legal poco usada en el sector: el derecho de petición.

Qué es el Programa Nacional de Concertación Cultural

Es uno de los mecanismos de mayor trayectoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y hace parte del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC), que en 2026 articula cuatro portafolios completos —entre ellos Concertación Cultural y el Programa Nacional de Estímulos— con una inversión que este año supera los $175.000 millones de pesos. Solo en el cuatrienio 2022-2026, el sistema entregó 26.280 apoyos y estímulos a proyectos culturales en 963 municipios del país.

Concertación Cultural y Estímulos son dos portafolios distintos, con una diferencia clave: Concertación está dirigido principalmente a personas jurídicas —fundaciones, corporaciones, entidades públicas, organizaciones comunitarias—, mientras que Estímulos está pensado sobre todo para personas naturales. Son procesos separados, con sus propios cronogramas y resoluciones, pero comparten el mismo cuello de botella final: el desembolso, sujeto al PAC de Hacienda.

Dentro de Concertación, la convocatoria se organiza en dos líneas —Proyectos Departamentales y Proyectos de Interés Nacional—, con un techo de hasta $50.000.000 por proyecto. No es una beca de estudio ni un premio simbólico: es un contrato de cofinanciación, con una resolución oficial que declara ganadores, y un acta de compromiso que cada beneficiario firma con el Estado.

Ganar no es lo mismo que cobrar

Tres casos, un mismo problema

Caicedonia (Valle del Cauca) — proyecto en ejecución, esperando el desembolso.
Corporación Antonella Falla — proyecto en ejecución con recursos propios, sin haber recibido siquiera el anticipo.
Bogotá — proyecto ya terminado, esperando el desembolso final.

Ahí está el problema que están viviendo varios beneficiarios en distintas regiones del país: ganar la convocatoria fue solo el primer paso. Después de la resolución de ganadores y de firmar el acta de compromiso, varios llevan meses esperando el desembolso — algunos ya casi terminan la ejecución con recursos propios, confiando en que el pago llegaría en el tiempo pactado.

«Ya hace más de seis años tenemos ese apoyo, en seis oportunidades nos ha acompañado el Ministerio de Cultura […] Pero este año sí ha sido irregular. Ya estamos dentro de las fechas programadas, ya hemos avanzado con algunos talleres, pero esperando que se haga el desembolso. Ya se entregaron todos los requisitos, se compró la póliza, todo lo que ellos nos han pedido se ha realizado, está todo bien, porque también le escribimos al Ministerio y ellos responden que sí, que ya están los documentos bien, que falta que Hacienda dé el aval para que se haga el desembolso», cuenta Jorge Andrés, coordinador de un proyecto de formación artística en una institución educativa rural de Caicedonia, en el que participan varias veredas de la comunidad educativa.

Nota: la póliza que exigen estas convocatorias es una póliza de cumplimiento, no una póliza comercial — una precisión técnica que vale la pena tener clara para quien esté en un proceso similar.

Hay una frase de Jorge Andrés que vale la pena subrayar aparte: en los seis años anteriores que su proyecto ha contado con este apoyo, el desembolso siempre llegó a tiempo. Este año es la primera vez que no. Eso es lo que distingue un reclamo legítimo de una simple queja por burocracia lenta: esto no es «así funciona siempre» — es algo que cambió.

Jorge Andrés agrega algo que le preocupa especialmente: la zona donde trabaja está en pleno proceso de reconstrucción tras el terremoto, «restableciéndonos y reconstruyendo los lazos, las instituciones», y encima de eso, el proyecto tiene plazos de entrega de evidencias que no se detienen aunque el desembolso sí.

Miguel Falla, representante legal de la Corporación Antonella Falla, describe una situación parecida, pero con un matiz que la hace más urgente: no han recibido ni siquiera el anticipo.

«Hemos venido ejecutando con nuestros propios recursos, ya vamos a casi terminar el proyecto, pero no hemos recibido ni siquiera el anticipo para poder ejecutar. Es sumamente importante que nos ayuden con este recurso para poder terminar el proyecto a satisfacción, pero también porque tenemos otros gastos y egresos que debemos cumplir con nuestra entidad», cuenta Falla.

Javier Londoño, representante legal de la Fundación Teatro Independiente de Bogotá, confirma que el problema no se queda en el Eje Cafetero — es un problema nacional.

«Aunque nuestro proyecto ya acabó en julio, no tuvimos un desembolso, no es clara la situación sobre los desembolsos finales. Las diferentes comunicaciones que hemos tenido con Mincultura nos dicen que ya es un problema de Minhacienda que no ha querido elaborar los PAC», cuenta Londoño.

Lo que más le preocupa no es solo la demora en sí, sino lo que esa demora empieza a generar hacia abajo: «Nuestras instituciones han adquirido compromisos incluso contractuales con otros proveedores, con las mismas comunidades a las que llevamos nuestros proyectos, y estamos generando tiempos de incumplimiento que nos preocupan mucho, y que incluso pueden derivar en acciones legales en contra de nuestras instituciones». Londoño dice que conoce a otras fundaciones y agrupaciones en la misma situación.

La explicación que reciben: «depende del PAC»

Según cuentan varios de los afectados, la respuesta que han recibido cuando preguntan por su pago apunta siempre al mismo lugar: el desembolso depende del PAC —el Programa Anual Mensualizado de Caja— que el Ministerio de Hacienda le asigna al Ministerio de Cultura. Es decir, la plata ya fue comprometida, pero su giro efectivo depende de una gestión entre dos entidades del Estado, ajena por completo a quienes ganaron la convocatoria.

Para quien ganó limpio una convocatoria pública, cumplió cada requisito y hasta constituyó la póliza que le exigieron, esa explicación no cambia nada: firmó un acta de compromiso con el Estado, no con «el Ministerio de Hacienda cuando pueda».

Lo nuevo: informes finales en «suspensión temporal»

Uno de los beneficiarios que recibió esa comunicación lo resumió así: la preocupación es mayor porque, según cuenta, existe de manera simultánea «una comunicación donde se da certeza de que los recursos están asegurados» — es decir, el Ministerio asegura que la plata está, mientras el proceso que permitiría entregarla queda en pausa, sin fecha clara de reanudación.

Lo que responde el Ministerio, por escrito

El director de Reporte Cultural es, además de periodista de este caso, beneficiario del Programa Nacional de Estímulos —un portafolio distinto al de Concertación Cultural, pero dentro del mismo sistema y sujeto al mismo cuello de botella del PAC—, con un proyecto propio en ejecución. Lo declaramos abiertamente porque es justamente esa gestión personal la que nos permite mostrar, de primera mano, cómo responde el Ministerio cuando se le pregunta directamente por un caso.

El 26 de agosto, el Ministerio respondió por escrito a una solicitud de información sobre el estado de un desembolso. La respuesta confirma varias cosas que los testimonios de esta nota ya venían señalando: el trámite está en «proceso administrativo interno para la gestión del desembolso», no hay ningún documento pendiente por parte del beneficiario que esté frenando el proceso, y no es posible dar una fecha exacta de giro porque este «se encuentra sujeto a los procedimientos administrativos, financieros y presupuestales establecidos por el Ministerio, así como a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)».

Es, en otras palabras, la misma explicación que han recibido Jorge Andrés, Miguel Falla y Javier Londoño: la plata está comprometida, pero nadie puede decir cuándo llega.

El patrón se repite con otros beneficiarios. En su propia página de redes sociales, el Ministerio le ha respondido a distintas organizaciones —con números de registro distintos al de este caso— prácticamente el mismo texto: que el trámite permanece marcado como «soportes completos» hasta que haya disponibilidad de PAC, y que una vez haya giro se completarán las etapas finales. No es una respuesta hecha a la medida de cada caso — es la misma explicación, repetida.

Y hay algo más que preocupa: no hace falta buscar mucho para notarlo. Basta con revisar las publicaciones recientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en redes sociales para ver el mismo reclamo repetirse una y otra vez, de organizaciones y artistas de distintas regiones del país — «páguenos», «por favor, paguen», «¿para cuándo los desembolsos?». No es un termómetro científico, pero sí es una lectura honesta del ánimo del sector cultural en este momento: la desconfianza se está acumulando en público, a la vista de cualquiera que entre a esas cuentas.

Un problema que viene de atrás

Muchos de estos proyectos se ejecutaron durante el gobierno anterior. Entendemos que un cambio de gobierno implica una transición administrativa real —no todos los funcionarios se quedan, y eso naturalmente ralentiza algunos procesos—. Pero eso no debería aplicar a compromisos que ya estaban cumplidos antes de que esa transición ocurriera.

Desde Reporte Cultural creemos que faltó diligencia por parte del gobierno anterior para dejar pagados, antes de salir, al menos los proyectos que ya habían sido ejecutados en su totalidad. No es una cuestión de ideología: es una cuestión de eficacia administrativa. En procesos anteriores, este mismo Ministerio ha funcionado bien.

Y lo decimos sin rodeos, porque creemos que un medio de comunicación debe decir lo que piensa, sobre todo cuando está viviendo la situación de primera mano: si los medios solo repiten comunicados sin tomar postura frente a algo que afecta directamente a la gente que cubren, dejan de cumplir su función.

Por qué recurren al derecho de petición

Ante la falta de una fecha concreta de pago, varios beneficiarios han optado por radicar derechos de petición formales — individuales y, en algunos casos, agrupados con otros en la misma situación —, exigiendo tres cosas puntuales: certificación del estado de los recursos ya comprometidos para cada proyecto, copia del cronograma de pagos solicitado a Hacienda, y una fecha cierta de desembolso.

Es una herramienta constitucional —artículo 23 de la Constitución, reglamentada por la Ley 1755 de 2015— que obliga a cualquier entidad pública a responder en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si no hay respuesta, o la respuesta no resuelve el fondo del problema, el siguiente paso son acciones judiciales como la tutela o la acción de cumplimiento.

Para quienes estén en una situación similar, existe la posibilidad de radicar un derecho de petición individual o grupal directamente ante el Ministerio, con copia a la Contraloría y la Procuraduría.

Lo que está en juego

Más allá del caso puntual de cada beneficiario, esto habla de algo más amplio: qué tan confiable es, para quien vive del arte o de la gestión cultural, apostarle a una convocatoria pública. Si ganar no garantiza cobrar a tiempo —ni siquiera terminar el proyecto garantiza que el informe final se revise— la próxima vez muchos lo van a pensar dos veces antes de invertir su propio tiempo y recursos en un proyecto que el Estado ya aprobó.

Si tú también eres beneficiario de Concertación Cultural o del Programa Nacional de Estímulos y estás viviendo una situación similar, queremos conocer tu caso — escríbenos por WhatsApp o Instagram.