Columna · Opinión
Poeta, ensayista y gestor cultural · Ver todas sus columnas
Poco después de haber llegado a la presidencia, ADLE muestra una imagen macabra como símbolo de poder: caminar entre bolsas de cadáveres. Según Byung-Chul Han en su libro Topología de la violencia, la coacción manifestada de forma externa alivia el interior; partiendo de esta hipótesis, es prudente preguntarnos: ¿qué tan enferma se encuentra el alma de los colombianos que celebran a un presidente paseando entre muertos? La violencia se convierte en un lenguaje. En este caso, el paseo necropolítico de ADLE demuestra su estructura de poder represivo institucional y envía un mensaje claro con el que pretende naturalizar la violencia como mecanismo de control del gobierno hacia la población.
Existe una preocupación ciudadana por el comportamiento de ADLE y cómo convierte la violencia en un instrumento de «comunicación social» que busca legitimar el uso de la fuerza represiva hacia la población, la cual en anteriores gobiernos dejó víctimas mortales. Según la Liga Contra el Silencio, con base en el Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Noche y Niebla, existen 43 casos que encajan en la categoría de «ejecuciones extrajudiciales» e involucran de forma directa a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) desde la fecha de su creación en 1999 hasta junio de 2019. Entendiendo el contexto del uso de la fuerza represiva por parte del ESMAD, el 13 de octubre de 2026 el presidente ADLE firmó el Decreto 1525 de 2026, en el cual entrega a la Policía Nacional y al ESMAD la potestad de accionar los protocolos de fuerza represivos sin necesidad de agotar los canales de diálogo. «La Patria Milagro» nos regresó al pasado, donde civiles eran rotulados de delincuentes o guerrilleros con el frívolo objetivo de cumplir los indicadores de bajas que exigía el gobierno de la época. Estamos en un contexto de deshumanización donde el sujeto se está transformando (o lo están transformando) en un proyecto que legitima el accionar violento del gobierno en la humanidad del individuo.
El 22 de octubre se convocó a un plantón y movilización frente a las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Colombia. Diversos colectivos del ecosistema del libro, libreros, editores y talleristas de escritura creativa se unieron para defender el patrimonio cultural ante los ataques institucionales y narrativos del gobierno de ADLE. Entre estos hechos se destaca el desmonte de más de cuarenta obras del Museo Nacional de Colombia tras una orden directa del actual gobierno, en el marco de la llamada «contrarrevolución cultural» contra el wikismo. Esta decisión arbitraria viola el debido proceso curatorial que debe seguirse para el retiro o exhibición de una obra: la reunión del equipo de curadores y de la dirección técnica para emitir un concepto justificatorio previo al cambio de las piezas. En este contexto, la orden de retiro obedece más a prejuicios ideológicos que a un proceso técnico museográfico, pues en esta «batalla cultural» se pretende enseñar los hechos históricos desde una orilla predominante: la historia contada desde la extrema derecha que representa el actual gobierno.
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La violencia física y la violencia simbólica son dos caras de la misma moneda. Al desarrollar el concepto de necropolítica, Achille Mbembe (2011) concibe al poder soberano no solo como el responsable de someter los cuerpos a la muerte, sino que entra en diálogo con Pierre Bourdieu al articular este sometimiento con la violencia simbólica. Según el historiador italiano Steven Forti, las disputas culturales son una de las principales estrategias desplegadas con el objetivo de «polarizar» a la sociedad y ganar influencia social que a posteriori se convierte en capital electoral. En Colombia, la «guerra cultural» no solo ha trascendido los ámbitos de la familia, la religión o la educación sexual, sino que busca transgredir las instituciones que conservan y salvaguardan la memoria histórica del país. Es por ello que el principal afectado por estas decisiones ideológicas es el sector cultural, en el que se evidencia una clara estrategia de desfinanciación al Ministerio de Cultura y Patrimonio del 29,5 % en comparación con el presupuesto del año 2025. Estas medidas ponen en riesgo procesos que se ejecutan en territorios a donde el Estado no llega y son las estructuras comunales quienes sostienen (de forma gratuita o con programas como el Portafolio de Estímulos) distintos programas culturales o sociales que forman parte del patrimonio e identidad de esos territorios.
Estamos ante un cambio topológico de la violencia, donde se atacan los símbolos que representan las distintas luchas sociales y que dan cuenta de los hechos históricos que nos constituyen como individuos y como sociedad. Podemos preguntarnos: ¿después de esta «batalla cultural» quedará algo con lo cual reconstruir los procesos culturales?, ¿cuáles políticas públicas culturales sobrevivirán al terminar este gobierno? y, lo más preocupante, ¿cómo se va a administrar la cultura en un gobierno que no reconoce, estigmatiza e intenta desaparecer otras manifestaciones culturales?
Sobre el columnista
Juan Sebastián Sagón
Poeta, gestor cultural, ensayista y cofundador de Escamandro Ediciones. Dirige el taller-tertulia Albatros, de la Red Relata, y escribe la columna literaria «Una mirada posible» en El Diario de Madrid. Ganador del XXIII Concurso Nacional de Poesía Eduardo Carranza (2025).
Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Reporte Cultural.
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