Defender las culturas es disputar su futuro

Editorial de Ricardo A. Modesto · Publicado originalmente en Culturas en Voz Alta, medio alternativo e independiente (N.º 1, octubre de 2026). Republicado en Reporte Cultural con su autorización.

Hay discursos que no pueden pasar inadvertidos. Pero tampoco basta con manifestar desacuerdo, responder a cada declaración o convertir la indignación en el único lugar desde el cual nos relacionamos con la política. Es necesario comprender qué visión de país se está imponiendo, qué derechos están en juego y qué capacidad tenemos, como sector cultural, para intervenir en las decisiones que afectan nuestra vida colectiva.

Cuando la cultura entra en el centro de la disputa política, no solo se discute sobre expresiones artísticas, nombres institucionales o representaciones en el espacio público. También se ponen en juego las maneras de comprender la sociedad, reconocer su diversidad, construir memoria y garantizar que distintas comunidades puedan crear, narrar y transmitir sus saberes sin quedar subordinadas a una única visión del mundo.

Por eso, la pregunta no puede quedarse en quién pronuncia el discurso más provocador ni en quién consigue la respuesta más contundente. La pregunta es otra: mientras discutimos la provocación, ¿quién está haciendo seguimiento a las decisiones que transforman las condiciones de la cultura? ¿Quién está defendiendo los derechos conquistados y quién está construyendo propuestas para el futuro?

No estamos hablando únicamente de prevenir posibles retrocesos. Hay decisiones que ya están produciendo afectaciones y que exigen una respuesta pública. La preocupación debe llevarnos a observar, documentar y participar, pero también a movilizarnos cuando los derechos y las conquistas históricas están siendo desconocidos.

No es solamente un cambio de nombre

La denominación Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expresa una comprensión plural de la sociedad colombiana. No se limita a una forma administrativa de nombrar una institución: pone sobre la mesa una concepción de la cultura que reconoce la coexistencia de múltiples prácticas, memorias, conocimientos, lenguajes y maneras de habitar los territorios.

La cultura no se agota en el patrimonio material ni en las expresiones que históricamente han ocupado los escenarios institucionales. También está en los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias, las tradiciones orales, las culturas populares, las expresiones contemporáneas y los procesos mediante los cuales las comunidades construyen y transforman sus memorias.

El patrimonio es fundamental, pero no puede convertirse en una noción tan estrecha que deje por fuera las culturas vivas, las diferencias territoriales y los saberes que no encajan en una idea única de nación. Colombia no tiene una sola manera de crear, recordar, narrar o comprender el mundo. Esa pluralidad no es una concesión de ningún gobierno: forma parte de nuestra realidad histórica y social.

Por eso, cualquier discusión sobre el nombre, las funciones o la orientación de la institucionalidad cultural debe examinarse con rigor. Lo importante no es defender una palabra por sí misma, sino comprender qué visión política la acompaña, qué derechos reconoce, qué capacidades institucionales sostiene y qué consecuencias tienen sus modificaciones.

Defender el Ministerio no significa renunciar a evaluar su gestión ni asumir que toda decisión institucional es acertada. Significa defender una institucionalidad capaz de garantizar derechos, reconocer la diversidad, promover la participación y crear condiciones para la creación, la investigación, la formación y la circulación cultural.

¿Qué lugar ocupan las culturas vivas en la idea de país que se está construyendo? ¿Qué saberes se reconocen y cuáles se dejan al margen? ¿Qué ocurre con las comunidades y los procesos culturales cuando las políticas públicas cambian sus prioridades?

Estas preguntas requieren revisar normas, presupuestos, programas, mecanismos de participación y decisiones concretas. Requieren, además, que el sector cultural tenga las herramientas para hacer ese seguimiento de manera colectiva.

Cuando la memoria se desmonta, la democracia está en discusión

Lo que está ocurriendo exige que dejemos de hablar de los retrocesos únicamente como una posibilidad futura. El retiro de más de treinta piezas del Museo Nacional, relacionadas con la diversidad, las memorias del conflicto, los movimientos sociales, la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz, sitúa la discusión en un terreno concreto: qué se muestra, qué se cuenta y qué memorias tienen lugar en las instituciones culturales.

No es un asunto menor ni una simple decisión museográfica. Cuando se desmontan representaciones de procesos históricos dolorosos, de comunidades históricamente excluidas y de hechos que siguen reclamando verdad y memoria, es legítimo preguntarse qué relato de país se pretende privilegiar y cuáles voces se están dejando por fuera.

Un museo nacional no puede convertirse en un espacio donde la memoria se acomoda a la orientación ideológica de un gobierno. Su responsabilidad es conservar, investigar, contextualizar y permitir que la sociedad se encuentre con la complejidad de su historia, incluso cuando esa historia incomoda al poder.

La gravedad también está en la forma de tomar las decisiones. ¿Qué participación tuvieron las comunidades vinculadas con esas memorias? ¿Qué discusión pública precedió al retiro de las piezas? ¿Qué criterios se aplicaron y dónde pueden ser examinados? ¿Quién responde por las afectaciones que estas decisiones producen sobre los procesos de memoria, reconocimiento y reparación?

Cuando las decisiones se toman de manera vertical, sin deliberación suficiente y sin escuchar a los sectores afectados, la institucionalidad deja de ser un espacio de construcción democrática y corre el riesgo de convertirse en instrumento de imposición.

No podemos normalizar que aquello que generaciones de artistas, organizaciones y comunidades han logrado poner en el espacio público desaparezca por una decisión tomada desde arriba, sin una discusión transparente y plural.

Frente a esto, no basta con expresar preocupación, publicar una denuncia y continuar como si nada hubiera ocurrido. Es necesario exigir explicaciones públicas, conocer el destino y las condiciones de conservación de las piezas retiradas, reclamar garantías para las memorias representadas y promover acciones que permitan revertir las decisiones que vulneren derechos o excluyan arbitrariamente estas voces de la representación pública.

¿Qué significa defender las culturas cuando se toman decisiones que desplazan memorias incómodas? ¿Qué significa defender la democracia si aceptamos que las decisiones sobre nuestra historia se tomen sin la participación de quienes la han vivido, investigado y mantenido viva?

En este contexto, el silencio no es una posición neutral. Cuando están en juego los derechos culturales, la memoria y la pluralidad, callar frente a decisiones arbitrarias puede terminar favoreciendo su normalización. El sector cultural tiene razones para cuestionar, movilizarse y exigir que estas decisiones sean revisadas. No para imponer otra versión única de la historia, sino para defender el derecho de una sociedad plural a conocerla, discutirla y representarla.

La movilización no puede ser un gesto aislado ni una respuesta que se agote en un día de protesta. Tiene que traducirse en exigencias concretas, articulación entre organizaciones, pronunciamientos sustentados, acciones jurídicas y políticas cuando correspondan, seguimiento público y una demanda clara: que se revisen y se reviertan las medidas que excluyen memorias y vulneran derechos, y que ninguna transformación de la política cultural se imponga sin transparencia, deliberación y participación efectiva.

Las alertas deben convertirse en acción

Lo ocurrido en el Museo Nacional obliga a mirar también otros ámbitos de la política cultural. La libertad de creación y expresión, la financiación pública, la continuidad de los programas, la participación territorial y los mecanismos de fomento necesitan seguimiento. No para anticipar conclusiones sin evidencia, sino para identificar qué decisiones se están tomando, a quiénes afectan y qué acciones pueden emprenderse.

¿Se respetarán las expresiones artísticas, pedagógicas e investigativas que cuestionan al poder? ¿Qué ocurrirá con los programas, las convocatorias y los procesos que han abierto oportunidades para artistas, gestores y comunidades? ¿Qué criterios orientarán la distribución de los recursos públicos? ¿Qué mecanismos garantizarán que los territorios participen efectivamente en las decisiones?

Estas alertas deben convertirse en una agenda de trabajo. Es necesario solicitar información, revisar los actos administrativos, contrastar los anuncios con las decisiones adoptadas, documentar las afectaciones y compartir los hallazgos. La defensa de los derechos culturales necesita argumentos, memoria y capacidad de respuesta.

Pero también necesita urgencia. Cuando una decisión ya está produciendo consecuencias, no podemos limitarnos a esperar un diagnóstico completo mientras se profundizan sus efectos. La información y el análisis deben acompañar la movilización, no convertirse en una excusa para aplazarla.

¿Qué estamos dispuestos a hacer frente a lo que ya está ocurriendo? ¿Qué decisiones deben revisarse de manera urgente? ¿Qué acciones colectivas podemos activar para que las alertas se conviertan en exigencias y las exigencias en respuestas concretas?

De la organización a la incidencia

La organización no aparece automáticamente cuando existe una amenaza. Se construye en el encuentro, la confianza, la deliberación y el reconocimiento de las diferencias. No se trata de que todas las personas piensen igual ni de que el sector renuncie a sus debates internos. Se trata de identificar aquello que necesita ser defendido en común y construir formas de actuar para hacerlo posible.

Artistas, gestores culturales, sabedores, trabajadores de la cultura, investigadores, organizaciones, colectivos, comunidades y procesos territoriales no siempre comparten las mismas prioridades. Sus condiciones de trabajo son distintas y sus posibilidades de participación también. Precisamente por eso, la articulación debe construirse desde la pluralidad y no desde la imposición de una voz única. La diversidad que se defiende en la política cultural también debe expresarse en las formas de organización del propio sector.

Es necesario fortalecer las redes existentes, recuperar espacios de conversación y convocar encuentros que permitan poner en común las preocupaciones, reconocer las afectaciones y acordar prioridades. También hace falta escuchar a quienes suelen quedar por fuera de los debates nacionales: procesos comunitarios, organizaciones pequeñas, trabajadores independientes, colectivos rurales y experiencias que no siempre cuentan con recursos para sostener una interlocución permanente con las instituciones.

Sin embargo, organizarse no puede convertirse en un fin en sí mismo. La organización debe traducirse en capacidad real de incidencia y movilización. No basta con reunirnos, firmar comunicados o construir declaraciones. Necesitamos acordar qué exigimos, ante quiénes, mediante qué mecanismos y con qué seguimiento.

Incidir significa participar en la construcción de las decisiones, presentar argumentos, formular alternativas, hacer seguimiento a los compromisos y exigir respuestas. También significa movilizarse para que las medidas que vulneran derechos sean revisadas y revertidas. La interlocución institucional es necesaria, pero no reemplaza la protesta ni la presión pública cuando las decisiones se imponen sin participación o producen afectaciones que deben corregirse.

Por eso, propongo avanzar en cinco tareas concretas:

1. Construir una agenda compartida de alertas. Identificar las decisiones normativas, presupuestales e institucionales que requieren seguimiento, contrastar la información, solicitar los documentos necesarios y compartir los hallazgos con fuentes verificables.
2. Definir qué derechos y conquistas deben salvaguardarse. Reconocer los mecanismos, programas, espacios de participación y garantías que han sido resultado de luchas históricas, evaluar sus condiciones actuales y establecer cuáles requieren defensa, recuperación o fortalecimiento.
3. Convocar espacios plurales de articulación. Reunir voces de distintos sectores y territorios, escuchar sus experiencias, identificar preocupaciones comunes y construir acuerdos que no dependan de una sola organización ni de una única vocería.
4. Convertir los acuerdos en propuestas y exigencias. Elaborar documentos, observaciones, solicitudes de información y alternativas concretas; participar en los debates pertinentes; acudir a los mecanismos jurídicos y políticos disponibles cuando corresponda, y llevar argumentos a las instancias responsables.
5. Sostener la movilización y el seguimiento público. Informar qué se ha identificado, qué acciones se han realizado, qué respuestas se han recibido y qué asuntos continúan pendientes. Cuando sea necesario, convocar acciones colectivas para exigir la revisión y reversión de las decisiones que vulneren derechos.

La protesta es legítima y necesaria. La crítica también. Son formas fundamentales de expresión democrática, pero no pueden ser el único horizonte de la acción colectiva. Su fuerza aumenta cuando se articulan con la investigación, la comunicación pública, las alianzas, la participación institucional y la construcción de propuestas.

¿Estamos dispuestos a construir una agenda común que nos permita pasar de la denuncia a la propuesta y de la propuesta a la decisión? ¿Podemos sostener una movilización que no se limite a expresar rechazo, sino que tenga objetivos concretos y capacidad de seguimiento?

Salvaguardar lo conquistado, disputar el futuro

Las conquistas históricas del sector cultural no están garantizadas por el solo hecho de existir. Los derechos, los programas, los mecanismos de participación y las oportunidades construidas a lo largo del tiempo necesitan apropiación, seguimiento y defensa activa.

Detrás de cada espacio conquistado hay años de trabajo, debates, movilizaciones, procesos organizativos y personas que insistieron en que las culturas, las artes y los saberes debían tener un lugar en la vida pública. Desconocer esa historia sería desconocer también las luchas de artistas, gestores, trabajadores, sabedores y comunidades que abrieron caminos para las generaciones siguientes.

Salvaguardar esas conquistas no significa inmovilizar la política cultural ni asumir que todo lo existente funciona adecuadamente. Significa reconocer los avances, evaluar sus límites y evitar que las transformaciones desconozcan derechos o desmantelen capacidades sin debate público, justificación suficiente y participación efectiva.

Tampoco podemos permitir que la defensa de lo conquistado se convierta en el único propósito. Necesitamos discutir qué falta, qué debe transformarse y qué nuevas garantías son necesarias para responder a las condiciones actuales de la creación y la vida cultural.

Un Ministerio fuerte no es el que impone una cultura oficial, sino el que garantiza derechos y dispone de capacidades para que las culturas, las artes y los saberes puedan desarrollarse en su diversidad. Del mismo modo, un sector fuerte no es aquel que siempre responde a la defensiva, sino el que construye organización, conocimiento y capacidad de interlocución para participar de manera permanente en las decisiones públicas.

Pero hoy esa participación también exige confrontar las decisiones autoritarias, cuestionar las imposiciones y movilizarse frente a los retrocesos que ya están ocurriendo. No podemos hablar de pluralidad mientras se excluyen memorias; no podemos hablar de participación si las comunidades afectadas no son escuchadas; no podemos hablar de democracia cultural si el debate público se sustituye por decisiones verticales.

La pregunta no es solamente qué está en riesgo. También debemos preguntarnos qué capacidad colectiva tenemos para actuar y qué estamos dispuestos a construir para cambiar el rumbo.

¿Vamos a permitir que estas decisiones se normalicen o vamos a movilizarnos para exigir su revisión y reversión? ¿Vamos a seguir actuando de manera fragmentada o vamos a construir la fuerza colectiva necesaria para incidir? ¿Qué acuerdos podemos construir sin renunciar a nuestra pluralidad?

Defender las culturas, en este momento, significa no guardar silencio frente a las decisiones que vulneran derechos. Significa defender la memoria, salvaguardar las conquistas históricas, exigir responsabilidades y construir mecanismos para que las múltiples voces de la sociedad tengan condiciones reales de participar en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

La tarea es organizarnos, levantar alertas con rigor, movilizarnos frente a las afectaciones, formular propuestas y convertirlas en incidencia. No para sustituir una voz dominante por otra, sino para defender una sociedad en la que ninguna orientación política pueda arrogarse el derecho de decidir unilateralmente qué culturas merecen existir, qué memorias pueden mostrarse y qué voces deben desaparecer del espacio público.

Defender las culturas es disputar su futuro. Y disputar su futuro significa actuar ahora: organizarnos, movilizarnos y construir la capacidad colectiva para que los derechos conquistados no retrocedan y las decisiones culturales se tomen con participación, transparencia y garantías democráticas.

Créditos: este editorial fue escrito por Ricardo A. Modesto y publicado originalmente en el N.º 1 (octubre de 2026) de Culturas en Voz Alta, medio alternativo e independiente. Se republica en Reporte Cultural con su autorización y sin modificaciones al contenido. Las opiniones expresadas son del autor. Sigue a Culturas en Voz Alta en su perfil de Facebook.